Carmen Aristegui, cuyo prestigio periodístico se ha visto acrecentado desde que conservó su rigor profesional frente al poder del presidente López Obrador, publica un reportaje serial llamado: “El Gran Capricho de AMLO: desvíos e irregularidades por cancelación del NAIM” (Nuevo Aeropuerto Internacional de México).
Es la primera vez que se publican las cuentas e irregularidades de un arrebato de poder que destruyó el presente y el futuro de la aviación comercial en México. En su portal, Aristegui concluye que el daño directo a pagar por los usuarios del Aeropuerto Benito Juárez (AICM) será de 196 mil millones de pesos.
Esa cantidad no representa ninguna obra, ningún beneficio para el país, sólo una carga en el TUA, (Tarifa por Uso de Aeropuerto). A cambio los usuarios del aeropuerto viven la experiencia de una de las terminales más ineficientes y peligrosas de Latinoamérica.
El serial muestra que además de romper el sentido común, el uso de razón, la cancelación también rompió la ley. Quienes desviaron el dinero del Benito Juárez para pagar la deuda denominada en dólares, cometen un peculado, porque el ingreso del TUA es para mantener y mejorar las condiciones del aeropuerto en uso, no para pagar deudas por la demolición de otro.
Con gran fanfarria se dedicaron otros 160 mil millones de pesos para construir el aeropuerto en la base de Santa Lucía, llamado Felipe Ángeles. Un fracaso porque fracturó el sentido de una sola terminal que se convertiría en un nodo internacional de gran calado. Hecho pedazos Texcoco, el Felipe Ángeles apenas tiene el 2.6 por ciento de los pasajeros.
Uno de los argumentos de la destrucción fue que “había corrupción de los de arriba”. A la fecha ningún nombre, ningún hecho, ningún acto de corrupción se ha dado a conocer por el gobierno de la 4T.
¿Qué tanta conciencia tenía el Presidente del daño que le hacía al País con su decisión arbitraria e ilegal? Nunca sabremos si fue por pura ignorancia o rencor. Pero hay funcionarios que se doblaron por razones que suponemos también fueron de poder. Don Carlos Urzúa, quien fuera el primer secretario de Hacienda del sexenio, critica la decisión. Pero aceptó el desvío de recursos del Benito Juárez para pagar los compromisos de los bonos. Alfonso Romo, quien había prometido que no sería el fin del sueño, permaneció buen tiempo al lado del Presidente sin decir ni jota sobre la calamidad.
Ellos y muchos más que se doblegaron ante el poder, llevarán en su conciencia el daño irracional. Fueron muchos quienes en la euforia del arranque de sexenio, consintieron y participaron con un silencio que marcará su biografía.
Lo peor es que el daño no fueron los 196 mil millones que puntualmente pagan los pasajeros que abordan un vuelo en el Benito Juárez; tampoco son los inconvenientes de un edificio abandonado a su suerte mientras lo ordeñan hasta dejarlo en los huesos. La cifra del daño real al País llegará sin duda al billón de pesos, o más, por el atraso aeronáutico y el tiempo perdido.
Recuerdo que cuando se demolió la obra en Texcoco muchos abogados dijeron que, además de ser una barbaridad, era un delito porque se desviaban recursos públicos etiquetados para un propósito y se usaban para otro (peculado). Ese es uno de los temas importantes en el reportaje de Aristegui que continuará. Esperamos la continuación.
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