“Es una pena que hoy la Iglesia tenga que negociar con el crimen organizado, ya que ellos desafortunadamente -de facto- son la autoridad en Guerrero”
Xóchitl Gálvez
Cómo imaginar que la paz en Guerrero puede llegar a través de un “acuerdo” entre los forajidos y bandas del crimen organizado con obispos de la Iglesia Católica. Todo sin la presencia de las autoridades gubernamentales.
Lo sorprendente es que el presidente de México lo avale. El mismo representante del pueblo aplaudió el hecho de que dos instituciones sin poder legal pongan reglas de convivencia y de atracos. Entendemos la buena voluntad de los obispos guerrerenses, o la intención de los capos de la extorsión y los negocios, fuera de la ley, de dejar de matarse unos a otros o a ciudadanos inermes. Sería exactamente lo que llaman “Pax Narca”.
Lo primero es que ningún contrato o acuerdo por escrito o verbal podría hacerse respetar sin que participara una autoridad. No es el mismo caso que la guerrilla o alguna organización social que quiera reivindicar derechos: es la delincuencia mal organizada, enfrentada, dividida y letal.
Lo segundo es que resulta imposible firmar siquiera un pacto de sangre cuando lo prevalente es la anarquía por falta de un estado de derecho. Ausente la ley, todo es una charla de café.
En el fondo está la angustia de la Iglesia al no poder llevar a cabo su labor diocesana, su trabajo social y ni siquiera poder cuidar su seguridad. Mientras los delincuentes llevan armas de alto poder, pistolas y ninguna moral, los sacerdotes sólo tienen su palabra y su oración. Los acompañan la fe y la buena fe, eso es todo.
Al presidente López Obrador no le pareció mal que tuvieran la reunión, que contemplaran acuerdos y aplaudió a todos quienes buscan la paz. Pero es irrisorio decir eso cuando su deber es hacer que se cumpla la ley y se someta a sus violadores y delincuentes a juicio. Entonces, ¿de qué sirve tener 29 mil guardias del orden, entre soldados y guardias nacionales? ¿Se someterán al cumplimiento de los acuerdos entre las mafias locales y la propia Iglesia?
Esto no es un acuerdo con movimientos sociales como lo fueron hace tres décadas los tratados de San Andrés Larrainzar en Chiapas, donde el Estado Mexicano, representado legalmente, firmó con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional un tratado de paz. Había cláusulas y temas de respeto y ayuda a la autonomía de los pueblos indígenas; había recursos del Estado para apoyar su desarrollo y reconocer sus autogobiernos.
Si hubiera “tratados” de Chilpancingo, cuando mucho dirían: a tal grupo le toca este territorio al sur para extorsionar, a otro le damos el norte y un tercero puede ir al oeste. A los que no se sometan los pasamos por las armas y todo queda bien planchado. Firman al calce del documento, El Bueno, El Malo y El Feo. Es tan aberrante como las palabras de “abrazos y no balazos”.
El Ejército , la Guardia Nacional y las policías estatales y locales tienen el poder y el mandato de pacificar todo el territorio. Si desde los altos cargos públicos se les prohíbe actuar, no debe sorprender al gobernante que aparezca la leyenda de #narcopresidente en redes sociales.
A nadie, en su sano juicio, se le ocurriría que las reglas y los territorios de “trabajo” de la delincuencia los pongan los propios delincuentes. Pero así estamos.
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