Las denuncias se acumulan contra el gobernador Samuel García de Nuevo León. Desde que renunció a la candidatura a la presidencia por Movimiento Ciudadano, la opinión de los regios fue que nunca quiso dejar en manos ajenas el gobierno de ese estado porque hay una gran corrupción.
Poco después se supo que su familia había recibido el pago del terreno más valioso de San Pedro Garza García -de unas 17.7 hectáreas- por unos 700 millones de pesos cuando su valor estimado es de 2 mil millones. Samuel salió a explicar que lo habían recibido como un pago en especie por la defensa fiscal por 20 mil millones. Lejos de aclarar el asunto lo enturbió más.
Ahora surgen facturas de su despacho de abogados que comparte con su padre Samuel García Mascorro. Curiosamente facturan millones a empresas que obtuvieron contratos con su administración. La información fluye porque el Congreso del Estado está en manos de la oposición, a la que ha menospreciado. Según comentarios de neoleoneses sampetrinos, Samuel podría salir después del cambio de sexenio, cuando entre Claudia Sheinbaum, si la nueva presidenta decide emprender una verdadera lucha contra la corrupción.
El caso de Alito Moreno, presidente del PRI es patético. ¿Cómo un político puede construirse una casa de 300 millones si siempre ha sido empleado público? Cuando gobernó Campeche se supo de cuantiosas compras inmobiliarias, su casa sería sólo la punta de una madeja de corrupción. ¿Cómo puede presentarse siquiera a repetir por años en la presidencia de un partido moribundo? La única explicación es la búsqueda de más impunidad.
En Veracruz la electa Rocío Nahle, no puede demostrar el origen de una riqueza a la vista de al menos cien millones de pesos. Una casa de 50 en Boca del Río, otra en Tabasco y un departamento de 28 millones en San Pedro Garza García, que le fue “vendido” a precio de remate por un empresario gasolinero al que le otorgaron 100 permisos cuando era secretaria de Energía. También es una punta de la hebra de toda la corrupción que hay en la construcción de la refinería de Dos Bocas que elevó su costo de 8 mil millones de dólares presupuestados a 18 mil millones más lo que se sume antes de su funcionamiento.
Si estos casos están a la vista, más el desvío de 18 mil millones de pesos en el ISSSTE o los 15 mil millones de Segalmex, el ánimo ciudadano decae frente a la repetida historia de que “ya se terminó la corrupción”. La lección es que “aquí no pasa nada”.
Para la administración entrante hay una oportunidad enorme en luchar contra las desviaciones de fondos públicos y el cobro de moches de los citados funcionarios y muchos otros en la lista del enriquecimiento inexplicable. Si las denuncias de la oposición en la Fiscalía General de la República tuvieran seguimiento, si Samuel, Alito y Rocío fueran llamados a cuentas para explicar el origen de sus inmensas fortunas, Claudia Sheinbaum empezaría con el píe derecho el sexenio. Porque eso de perseguir sólo a quienes denuncian, a quienes investigan y publican los desfalcos, es el mejor camino para que siga la impunidad y la corrupción.
Si a todos quienes tienen denuncias en la FGR los persiguieran como a Carlos Ahumada, la justicia en el país tendría otro destino. Reformarla comienza por la real independencia de la fiscalía y sus ministerios públicos. Todo lo demás es puro espectáculo.